La legalidad en México

¿De qué ley hablan cuando defienden el desafuero?

Pensando en el posible desafuero del jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, es fácil determinar que el poder en México, tanto político como económico, está sobre la ley e incluso de la democracia. Y que los argumentos que enarbolan y gritan el respeto a la ley, no es mas que una farsa y un descaro que cala en los huesos y llega a convertirse en una nausea.

En México, un delincuente de tipo empresarial, puede robar millones de pesos a su manera, y quedará libre invariablemente, por el contrario, un funcionario que realiza una obra de carácter social puede ser llevado a juicio con el argumento de "respeto a la ley" al desacatar presuntamente un amparo, y con ello, perder su carácter de gobernante elegido por los votantes.

Hoy los políticos hablan de una ley que nunca han respetado, priistas y panistas se llenan la boca hablando de legalidad, de negar posibilidades reales a un candidato por un presunto delito que raya en lo risible, reclaman y al hacerlo la boca les sangra mientras su desmemoria crece.

Del asco a la legalidad

En 1988, el hoy senador priista Manuel Bartlett Díaz consumó el fraude electoral más escandaloso de los tiempos modernos para entregarle la Presidencia a Carlos Salinas de Gortari con la recordada caída del sistema, pero la ilegalidad de la presidencia no se quedó ahí. Recordó Jaime Avilés en julio del 2000 para el diario La Jornada: "En 1991, Fernández de Cevallos orquestó la quema de los millones de boletas electorales que daban cuenta de ese fraude. Bartlett fue premiado con la gubernatura del estado de Puebla, Fernández de Cevallos recibió a cambio inmensas riquezas materiales, y en 1994 se prestó a una nueva maniobra para facilitar el ascenso del heredero de Salinas al poder. En la actualidad, ambos son senadores 'opositores' a Fox".

Barttlet, Diego y Salinas

Tras el triunfo de Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Salinas, y durante su sexenio, medio millar de perredistas fueron asesinados, principalmente en los estados del sur, Guerrero, bastión priista encabezado por Rubén Figueroa, Oaxaca, Puebla, Veracruz, fueron las principales entidades de los crímenes. Tampoco se habló de legalidad o búsqueda de responsables para desaforarlos.

Entre 1993 y 1994, Carlos Cabal Peniche, fue un empresario exitoso, maniobró a través de su Banca Cremi unos 700 millones de dólares, una parte de este dinero, unos 47 millones 175 mil pesos fueron a dar al apoyo del priista Roberto Madrazo Pintado, entonces candidato a gobernador de Tabasco. Ni Cabal, ni Madrazo, están en la carcel.

Madrazo, ganador de esa contienda frente a Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), gastó cerca de 70 millones de dólares, una cifra muy por encima de los topes de campaña oficial, sin embargo, nada ocurrió, aun cuando hubo documentos, facturas, comprobantes, pruebas de ese fraude económico y electoral. En su momento, se dijo que esa cifra representaba más de lo que el mismo presidente estadounidense William Clinton había gastado para fines similares.

Por el contrario, el entonces presidente priista Ernesto Zedillo, en visita a Tabasco, le dio un espaldarazo y dijo que gobernarían ambos hasta el año 2000. Lo consiguieron a la forma más caciquil posible, al estilo del PRI.

Cabal, Madrazo y Zedillo

Hoy, el mayor delincuente electoral en la última década tiene altas posibilidades de ser presidente de la república.

En 1993, el nuncio apostólico Girolamo Prigione, representante del Vaticano en México recibió a los hermanos Arellano Félix sin que trascendiera a más, y bajo la secresía todo quedó en escándalo. Según los reportes de prensa, los narcotraficantes hablaron sobre la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. No hubo funcionarios responsables.

A propósito de desafuero, el cúmulo de legisladores priistas impidió el desafuero de los senadores priistas Carlos Romero Deschamps y Carlos Aldana Prieto por el caso Pemexgate. A fines de 2001 la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) denuncia el presunto desvío de recursos públicos a la campaña del PRI a la Presidencia de la República, mediante el préstamo por 640 millones de pesos otorgado por Petróleos Mexicanos al Sindicato Petrolero (afiliado al PRI).

En 2002, Romero Deschamps, Aldana y Jesús Olvera Méndez son señalados por estar vinculados con los desvíos de mil 580 millones de pesos de Pemex, para favorecer la campaña priista de Francisco Labastida. El único que fue tomado en el caso, fue el entonces director de Petróleos Mexicanos Rogelio Montemayor que estuvo recluido en Estados Unidos, pero regresó a México para obtener su libertad.

Prigione, Romero Deschamps y Aldana

Nadie pidió el desafuero para el presidente al comprobarse ilegalidad en el manejo de fondos para la campaña presidencial del año 2000.
Las investigaciones sobre los Amigos de Fox se basa en una presunta aportación del extranjero de 200 mil dólares, lo cual equivale a unos 2 millones de pesos.

Tampoco se habló de desaforar al también aspirante a la presidencia, hoy secretario de Gobernación, el panista Santiago Creel Miranda, cuando se conocieron los tope de campaña rebasados durante el proceso electoral de 2000, donde el funcionario fue aspirante a la jefatura de gobierno del DF.

La esposa del presidente Fox, también cabeza principal de la Fundación Vamos México, tiene sobre sí el peso de varias irregularidades que han sido aclaradas a medias. La principal duda es si dinero gubernamental está apoyando el proyecto de Martha Sahagún, que nunca se ha desligado de sus aspiraciones presidenciales (si lo hizo oficialmente, volvió a sus juegos de palabras que permiten interpretar su ansía por sustituir a su esposo)

Creel, Estrada Cajigal y Fox

Tema en el 2004 fue el gobernador de Morelos, aun en funciones, Sergio Estrada Cajigal del Partido Acción Nacional (PAN), que fue relacionado con narcotraficantes y secuestradores y cuya petición de desafuero, juicio político y renuncia nunca tuvo resultado. Estrada Cajigal, fue considerado “por lo menos responsable por omisión” de la penetración del narcotráfico en la entidad que gobierna, concluye en su informe final la comisión especial de diputados.

¿De qué ley hablan los políticos cuando se refieren al posible desafuero de Andrés Manuel López Obrador?, ¿De la que violó Salinas, Diego, Romero Deschamps, Fox, Creel, la iglesia?

Es necesario recordar nuevamente el caso Fobaproa para saber que la justicia está medida en función del dinero que se gasta en defenderse y no en una presunta ley que tiene a todos como iguales.

Qué es más ilegal, un desacato a un amparo por una calle de servicio público o que una transacción multimillonaria como la compra de Banamex por parte de Citigroup no pague un solo peso por impuestos.

A qué ley hacen referencias esos que a través de diarios, cartones políticos, radio, televisión e internet, cuando se llenan la boca de la observancia de la legalidad. De qué justicia hablan principalmente los panistas y priistas que se jactan del respeto a las leyes. ¿Qué van a hacer con ley y sin democracia?

Una calle no puede romper con un camino demócrata que ha costado la vida a miles de mexicanos, no bastaron 70 años de priismo para entenderlo, no bastaron promesas de cambio no cumplido, por qué la insistencia, por qué el temor a más alternativas de gobierno. Ante leyes que jamás se han respetado, la mayoría, es decir, la democracia, debe acatarse más que cualquier amparo, sobre todo, sabiendo que las leyes en México, se manipulan y diestra y siniestra.